Existe una tradición democrática que ordena que los organismos de control y de la Constitución provincial estén en manos de la oposición. Cuando a Vidal le tocó gobernar, copó esos lugares con oficialistas, pero ahora que es oposición exige los cargos.
Con la ex gobernadora bonaerense no va la frase que recomienda «predicar con el ejemplo», pero parece ser que sí es compatible con aquella que dice «haz lo que yo digo y no lo que yo hago». Es que quien todavía es la dirigente más importante del macrismo en la provincia de Buenos Aires le exige a Axel Kicillof, su sucesor en la Gobernación, cargos que cuando ella gobernaba le negó al peronismo.
En la provincia de Buenos Aires una tradición política que no está escrita ni es ley pero que es respetada tanto por el peronismo como por el radicalismo y siempre fue ejercida al pie de la letra, prácticamente desde el regreso de la democracia en 1983, salvo por Vidal: los organismos de control y de la Constitución provincial deben estar en manos de la oposición.
Ese pacto implícito y respetado durante largo tiempo fue roto por la ex gobernadora PRO, que ahora, desde la intemperie, parece haber cambiado de opinión por que pide que se cumpla.
Eduardo Duhalde, durante sus dos mandatos como gobernador, hizo honor a ese acuerdo entre todas las fuerzas. Gobernaba el peronismo ortodoxo bonaerense y contralaba la Unión Cívica Radical (UCR). Esta práctica comenzó en 1987 cuando el ex gobernador Antonio Cafiero confirmó a los titulares de los organismos de control que fueron nombrados por su antecesor radical Alejandro Armendáriz.
En cambio, durante su mandato Vidal se quedó con la mayoría de los espacios que debían ir para la oposición con dirigentes de las canteras del PRO y la UCR, dos de los socios de la alianza que hoy tambalea, es decir Cambiemos. El ejemplo más claro de qué hizo el vidalismo es hasta mediático: María Fernanda Inza, quien fue tesorera del PRO y ocupó efímeramente la Contaduría General bonaerense, hasta que la denuncia por el escándalo de los aportantes truchos la transformó en fusible de la gestión y fue echada (aunque le dio trabajo, luego, Macri).
¿Qué organismos no cedió Vidal y ahora reclama?
Los espacios que están en pugna son la Contaduría General, la Tesorería, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Durante la gestión de Vidal, esos lugares fueron para el oficialismo, que hoy en oposición por mandato de las urnas. Pero ahora que Cambiemos es oposición en la provincia, el «vidalismo» juega a doble estándar y reclama esos cargos para sí.
A estos lugares deben sumarse como territorios en disputa la Procuración General Bonaerense y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, único organismo que estuvo en cabeza de un opositor, Guido Lorenzino, ligado al Partido Justicialista.
Una de las áreas más sensibles -y calientes- es la Procuración General. Su titular, el polémico Julio Marcelo Conte Grand, es el jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires. El funcionario ultravidalista, también cercano a Elisa Carrió y de vínculos aceitados con el Opus Dei llegó al cargo sin cumplir el requisito formal de residencia en suelo bonaerense. Peso a ello, el Senado con mayoría de Cambiemos le dio vía libre. Desde ese lugar, jugó un rol central en «orientar» al fiscal Sebastián Scalera para ir por la cabeza de Pablo Moyano.
La administración Kicillof no dejará de pelear por esa silla. Así lo hizo saber la actual ministra de Gobierno, Teresa García, quien, cuando comandaba el bloque de senadores kirchnerista, dio señales en ese sentido al igual que el diputado provincial Jorge
D’Onofrio (entonces en el Frente Renovador), quien sugirió que podría impulsar un jury para el funcionario, a quien acusó de estar “al servicio de Vidal” e implementar un “sistema para condicionar” a jueces.
Hay una sólida complicación que tendrá Kicillof para lograr sacarse de encima a Conte Grand: el Senado provincial. Allí la oposición vidalista cuenta con 29 soldados sobre 46 bancas, es decir, la ex gobernadora controla una cámara clave. En ese espacio legislativo se deben aprobar los pliegos para jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador y el subprocurador general, según establece el artículo 175 de la Constitución provincial.
También esa Cámara alta debe dar acuerdo para designar al fiscal de Estado, al director general de Cultura y Educación, al presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas y el presidente y los directores del Banco de la provincia que le corresponda designar. La misma función ejerce para nombrar al tesorero, subtesorero, contador y subcontador general de la provincia.
Fuente: Política Argentina

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