Al menos 1452 personas fueron detenidas en manifestaciones por el gobierno de Cambiemos. El 53 por ciento de los casos corresponde a demandas laborales. Con el aval del Estado, la criminalización de la protesta crece año a año desde 2015, según se desprende de un informe elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA.
Durante los primeros tres años de gobierno de Mauricio Macri, al menos 1452 manifestantes fueron detenidos en protestas, la mayoría realizadas en el contexto de demandas vinculadas al trabajo. El dato distintivo de esta política en respuesta al conflicto social es que los arrestos fueron asumidos como deseables y avalados por las más altas autoridades del Estado, claramente encarnadas en la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las detenciones como patrón de respuesta a las manifestaciones fueron aumentando en número año a año y, de alguna manera, terminaron naturalizadas por la fuerza de la repetición. Como parte de la misma estrategia, el Gobierno hizo reiterados intentos de convertir a quienes se manifestaban en enemigos a ser combatidos.
Este proceso por el que el Estado pasó a reivindicar la resolución violenta de las tensiones provocadas por el conflicto social es señalado como una de las principales características de la gestión de Mauricio Macri, en el recién terminado «Informe sobre criminalización de la protesta social en la Argentina (2016-2018)», que elaboró el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma junto con Liberpueblo.
“Los funcionarios del gobierno nacional pasaron a reivindicar la utilización de la violencia estatal como respuesta al conflicto sin ningún tipo de mediación”, define Luis Campos, coordinador del Observatorio.
Sobre los arrestos, los investigadores encontraron características repetidas: en general, se prolongaron más allá del tiempo legal necesario, tendieron a incomunicar a los detenidos sin justificación, en las comisarías los abogados tuvieron trabas para constatar la situación de los presos y desarrollar sus defensas.
Motivos del conflicto
La amplia mayoría de las represiones y arrestos se produjeron durante manifestaciones con demandas relacionadas con el trabajo. “Al hacer el relevamiento, asociamos cada hecho de protesta a sus motivos”, explicó Jimena Frankel, investigadora del Observatorio. En el rubro Demandas laborales fueron incluidos no sólo los reclamos de los trabajadores formales (por ejemplo, por despidos o por aumentos de salarios), sino también los de los trabajadores de la economía popular por planes de empleo, o de mejoras en el monto de los programas, o para denunciar la caída de planes. En el rubro Trabajo están, por supuesto, las masivas movilizaciones contra la reforma laboral y previsional de diciembre de 2017. Las represiones y detenciones en el marco de protestas vinculadas a la pérdida del trabajo o derechos laborales sumaron el 53 por ciento del total.
En segundo lugar aparecen los detenidos por reclamos de tierra y vivienda, con un 22 por ciento de los casos, hechos que si bien fueron menores en cantidad, recibieron las respuestas represivas más violentas.
Otros dos datos reflejan cuál fue la indicación del Estado a las fuerzas de seguridad: el 6 por ciento de los reprimidos y arrestados lo fueron por haber salido en defensa de sus dirigentes (por caso, de manifestantes que fueron a reclamar la liberación de detenidos a la puerta de una comisaría). Y se instaló, en la represión de manifestaciones masivas, la práctica de las detenciones al voleo, que incluyeron a transeúntes que pasaban por el lugar.
Cinco muertes
Si más reprimidos fueron los que reclamaron por trabajo, los picos de la violencia estatal ocurrieron ante acciones por el acceso a la tierra, y en especial contra los pueblos originarios. Los hitos de este proceso fueron, durante 2017, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, producida durante la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche en Cushamen, y después el asesinato de Rafael Nahuel en un operativo de la Prefectura Nacional.
“En ambos casos no sólo la represión fue organizada por fuerzas de seguridad federales, sino que los responsables políticos reivindicaron públicamente el accionar de dichas fuerzas y llevaron adelante medidas para entorpecer las investigaciones, desprestigiar a las víctimas, a sus familiares y a los organismos de derechos humanos que se involucraron en ambos casos”, remarca el informe.
De 2016 a 2018 fueron asesinadas cinco personas en hechos de represión, cuatro de ellas por reclamos de tierras. A Santiago Maldonado y Rafael Nahuel se sumaron las muertes de Rodolfo Orellana (en el desalojo policial de un intento de tomar terrenos en el conurbano), Héctor Reyes Corvalán (que murió por las quemaduras e impactos de balas de goma recibidos durante el violento desalojo de tierras en Santiago del Estero). El quinto caso fue el de Ismael Ramírez, un niño de 13 años asesinado en el Chaco tras un reclamo por tarjetas de alimentos en un supermercado.
Enemigo interno
Una marca de la política de Cambiemos fue el aval explícito a la represión de la protesta social. “La represión fue violenta, desproporcionada, publicitada a través de los medios y defendida en forma irrestricta, sin importar los hechos, por los máximos líderes políticos”, subrayan los autores del informe.
Este hecho distintivo puede ser leído como parte de una más amplia voluntad de instalar la intervención represiva del Estado como algo socialmente valorable. En este camino, el Gobierno buscó construir discursivamente la figura del enemigo interno, un intento que sostuvo a lo largo de todo su mandato. Primero, asociado al manifestante de los pueblos originarios, a los que se adjudicaron tareas terroristas. En 2018, año en que se realizó en Buenos Aires la Cumbre del G-20, intentó el mismo mecanismo y lo trasladó a los inmigrantes. En el mismo carril puede ponerse la estigmatización de dirigentes gremiales y sociales, calificados por el Gobierno como “mafias”.
El informe advierte que la defensa de la resolución violenta de las tensiones provocadas por el conflicto social es una de las herencias que deja la gestión de Cambiemos, como discurso impulsado por el Estado y replicado por numerosos medios masivos de comunicación. “De cara al futuro inmediato es necesario resaltar el papel que cumplen las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos, no sólo en la construcción de una sociedad más justa, sino también en el procesamiento institucional y democrático de la conflictividad social”.
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Fuente: Página 12

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