La iniciativa autoriza al gobierno porteño a vender predios para pagar la deuda generada por las obras del Paseo del Bajo.
El gobierno porteño buscará avanzar este jueves en la Legislatura con el proyecto de ley que habilita la venta de 12 predios en la ciudad, entre ellos, el correspondiente al barrio Padre Carlos Mugica, más conocido como Villa 31 y 31 bis de Retiro. La iniciativa del Ejecutivo local es rechazada por la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa del barrio porque, según denuncian, no les garantiza la propiedad de la tierra y es expulsiva, dado que abre la puerta para que el mercado inmobiliario pueda acceder a esas tierras que debieran ser sólo para viviendas sociales. El presidente y abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, dijo que la ley que se intenta aprobar se inscribe en una política de reconfiguración de la ciudad, con una “zona ribereña para ricos y negocios inmobiliarios, y una mediterránea con un entorno más degradado”.
El proyecto, que tuvo despacho de la Comisión de Presupuesto, autoriza al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta a vender los predios para pagar deuda generada por las obras del Paseo del Bajo, y a financiar programas de infraestructura en salud, educación y vivienda. Además, choca contra la ley de urbanización, al permitir que las viviendas sociales puedan terminar en manos de desarrolladores inmobiliarios o empresas.
La iniciativa cuenta, hasta el momento, sólo con el respaldo del oficialismo, que deberá sumar aliados para juntar los 40 votos que requiere la aprobación –el proceso incluye, además, doble lectura y audiencia pública–.
Pero mientras el macrismo intenta convencer a sus socios políticos para que acompañen la norma, los vecinos de la 31, que ya se movilizaron contra la ley, lo volverán a hacer este miércoles, a las 19, en la entrada del barrio. Ahí se concentrarán para reclamar una urbanización real y consensuada; rechazar la nueva ley y denunciar que el proyecto, al no especificar que las tierras serán utilizadas para viviendas sociales, y permitir que sean vendidas a terceros, serán entregadas al mercado inmobiliario, lo que expulsará a las familias.
“Hay una política de fragmentar a la ciudad, en lo que sería una ciudad ribereña, con grandes complejos suntuosos, con espacios verdes y buena conectividad. Y otra, con crisis habitacional, sin buena conectividad, y falta de espacios verdes. Los terrenos de la 31 están en ese corredor, pensado como ciudad para ricos, con buena calidad ambiental y acceso al río, que necesitan liberar para extender lo que comenzó con Puerto Madero”, describió Baldiviezo.
“Con esta ley se otorga una autorización genérica al Estado, que podrá vender los predios a personas que no son beneficiarias de la urbanización. Esto va a implicar que el gobierno va a hacer todo lo posible para liberar suelo y destinarlo a la venta para negocios inmobiliarios o explotaciones comerciales”, agregó.
Y señaló que una de las ideas detrás del proyecto es que Buenos Aires tiene un porcentaje de oficinas menor que las grandes ciudades del mundo y, por lo tanto, que hay un mercado para que se instalen grandes empresas. “El proyecto lo maquilla y habla de que se venden para explotaciones comerciales”, señaló el abogado urbanista.
También advirtió que el gobierno tiene un gran interés en relocalizar a las familias del sector bajo autopista Illia de la 31, que se incorporó en el despacho de la Comisión de Presupuesto, porque, como ocurre en otras zonas de la ciudad, los bajo autopista se van a concesionar a comercios.
El proyecto terminaría arrasando con el barrio. Los vecinos de la 31 todavía no saben cuánto van a tener que pagar por las tierras al escriturar, ni qué costos deben afrontar en las nuevas viviendas que se le asignan en el proceso de reurbanización. Con esta ley, en caso de que no puedan hacerse cargo de los gastos, como ya está ocurriendo en otros barrios reurbanizados, el Estado va a poder vender las tierras a terceros, comenzar un proceso encubierto de erradicación del barrio y sepultar la idea de “integración”.
“Muchas familias entran en shock económico al pegar el salto de la informalidad a la formalidad”, dijo Baldiviezo. A pesar de eso, “no se establece ningún mecanismo de protección de las familias para que los costos económicos no terminen ejerciendo presión y decidan vender”. “Con este proyecto, van a quedar en manos del mercado. Lo que hace el Estado es generar una herramienta para que ese suelo público y que está fuera del mercado termine destinado a fines especulativos”. “Es un andamiaje jurídico para que, aunque lleve varias décadas, el mercado termine por apropiarse de ese suelo”. Y recordó que “Puerto Madero se está terminando de reconfigurar después de 30 años”.
Por estas razones, advirtió que hay que transformar a los habitantes del barrio Carlos Mugica en propietarios con los resguardos necesarios para soportar la presión inmobiliaria y, al mismo tiempo, restringir que el Estado pueda vender el suelo a cualquier persona.
En ese sentido, remarcó que la ley nacional de Barrios Populares, aún sin reglamentar, impide vender a personas jurídicas terrenos de esos barrios. “Las viviendas que se otorgan son únicas y familiares. Sólo se pueden vender entre humanos y, como tiene que seguir sendo única, el que compre no puede tener otras propiedades. Esta ley mantiene la restricción para que las familias no terminen desguarnecidas frente al mercado”.
Fuente: Página 12

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