El CEO Aranguren transfiere el sueldo de los argentinos a las corporaciones 


por Elia Fernández 

Ante el incumplimiento del Ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren de debía presentar 72 horas antes de la Audiencia un informe pormenorizado de la situación del consumo, producción y distribución del gas, comenzó a circula por los medio de comunicación un parte de prensa firmado por La Mesa Cristina Conducción, que propone declarar la ilegitimidad de las audiencias públicas para el tarifario del gas. El parte expresa: “Ante la falta de argumentación y de información por parte del gobierno nacional que sostiene la suba del gas, el no acatar la ley, que conducen al empobrecimiento y hambre del pueblo argentino. Repudiamos las maniobras del gobierno de Macri y convocamos a los vecinos salteños a movilizarse el día viernes 16 a las 11 horas en el ENRE Ente Nacional Regulador del Gas de calle Alvarado N°1143 . Por una tarifa justa y razonable” Y todo esto sin hablar de las acciones que tiene el ministro Aranguren en la Shell, petrolera a la que el gobierno por decisión de este mismo ministro compra gas importado. 

 LOS ARGUMENTOS 

 Según las conclusiones a la que se llega cuando se interpreta los documentos de Naciones Unidadas en relación a los derechos económicos de toda persona, las tarifa de servicios públicos deben ser socia, l porque la finalidad objetiva de la estructura impositiva de servicios públicos es garantizar, vía la justicia social el goce universal y efectivo de los mismos. Si esa carga impositiva endeuda al pueblo e impide el acceso se torna ilegítima. 

La gestión pública de los recursos naturales, cuyos titulares son los pueblos, no tiene por meta el lucro, sino cuidar a las familias. Las corporaciones capitalistas siempre han llevado la discusión de las tarifas de los servicios públicos lejos de los conceptos de redistribución de la riqueza y sus beneficios. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cometió un error conceptual al separar los consumos residenciales de las PYMES. Puesto que no se puede separar de los derechos soberanos de las familias sus fuentes de sustento. Todo esto en aras del rol social que cumple la energía y la riqueza en una nación.

 Los pueblos son los titulares de sus Recursos Naturales y corresponde a sus representantes adminístralos con honestidad y justicia. Su administración debe garantizar el mejoramiento de la vida, incrementar derechos. Los aumentos desmedido de las tarifas de los servicios públicos, pone en riesgo el derecho a un nivel de vida adecuado. 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. “ Artículo 25.1, Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución 217 A, Asamblea General de Naciones Unidas, París, Francia, 10 de Diciembre de 1948. 

Por lo tanto las audiencias públicas para re definir el tarifario del servicio de distribución de gas estarían en condiciones de ser impugnada por la ciudadanía y por la CSJN dado que incurre en los siguientes defectos: 

 • El gobierno nacional a través de su ministerio de energía no informo adecuadamente o esta es confusa, el valor del gas en boca de pozo y no establece un costo real de producción 

 • El gradual ismo tarifario afecta solo al usuario generando deudas en dólares. Esto se traduce a transferir recursos desde los usuarios a las corporaciones 

• La propuesta tarifaria del ejecutivo es inaceptable por cuanto los reajustes tarifarios son en moneda extranjera (dólares) mientras que las familias que deberán pagarlas viven y producen en pesos. 

 • Según la resolución 28/16 que anulo la CSJN, no expresa de forma clara ¿Cuánto sale el gas? ¿Cuánta gasta el Estado en subsidios? Tampoco dice que las empresas deberán ser auditadas para establecer cuanto recibirán de subsidios ni que destino le darán a ellos. • Son las empresas prestadoras las que establecen el precio en Boco de Pozo. La que está ajustada por la Res. 226/14 a U$S 2,6. .

 • -las empresas tienen la obligación de presentar estructuras de costos, de inversión.

 • La tarifa debe tener un paro razonable. Con relación al valor del gas nacional, es irracional obligar a los usuarios a transferir recursos a la producción incremental, a valores especulativos. 

Es el Ejecutivo el que propone un precio mix entre el precio del valor del Gas Tradicional U$S 2,60 y el Gas Incremental U$S 7, 33 resultando un valor de U$S 6,7.8 Así como están dadas las cosas la gradualidad propuesta en la Audiencia Pública por el Ejecutivo de la Nación traerá mayores riesgos para la familia que el tarifazo:” a) Pone todo el sistema en función de beneficiar a la producción incremental, sin controles, sin auditorias, sin información veraz. b) Le traslada a los usuarios una carga de subsidios inflada que no coincide con los valores actuales de mercado. c) Quien menos puede consumir más paga. d) Crea una barrera especulativa, la dolariza, para limitar el acceso de las familias a un servicio básico. e) Pone a Vaca Muerta, el segundo yacimiento a nivel mundial de gas no convencional, a nuestra soberanía energética en peligro. f) El precio del Gas importado, de acuerdo a estimados, en 2019 será como máximo de U$S 3,90 por millón de BTU.” 

FUENTE: El IESO -Instituto de Energía Scalabrini Ortíz y DEMCOM Democracia Comunicacional.

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